La deducción fiscal es una de las mejores fórmulas para impulsar la I+D
Tradicionalmente España ha tenido una buena posición en cuanto a incentivos fiscales a la I+D con la aplicación de deducciones fiscales por esta actividad, bonificaciones a la Seguridad Social por personal investigador o la cesión de intangibles, comúnmente conocida como patent box. Esta posición se ha visto incluso mejorada con la nueva Ley de Emprendedores ya que se han cubierto con creces áreas en las que estábamos menos avanzados, como el patent box y el crédito fiscal. En este ejercicio fiscal se suman ventajas por la entrada en vigor de la Ley 14/2013 de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización. La novedad más llamativa es el crédito fiscal, que permitirá a las empresas aplicar las deducciones correspondientes por I+D en el año en curso incluso aunque tengan pérdidas, es decir, podrán solicitar el abono de la deducción a la que tienen derecho aunque no tengan beneficios, mientras que antes sólo podían aplicársela en años sucesivos. A cambio, se le exigen algunos requisitos, como el mantenimiento de la plantilla durante dos años, reinvertir el dinero obtenido por esta deducción en I+D o la necesidad de tener el informe motivado o Acuerdo Previo de Valoración. Se trata de una medida especialmente útil para que las empresas puedan mantener su inversión en innovación pese a las dificultades existentes en esta época de crisis. Las empresas, y en particular las pymes, deben plantearse las ventajas fiscales como una vía muy adecuada para financiar su I+D+i ya que las deducciones son aplicables a cualquier tamaño de empresa. Es más, mientras que las deducciones fiscales son universales para todas las empresas, las subvenciones y otro tipo de ayudas pueden exigir una serie de requerimientos que pueden hacer más difícil a las pymes acceder a ellas. Las deducciones fiscales son una de las fórmulas más ventajosas de abaratar la inversión en I+D+i y la internacionalización, y su mejor aprovechamiento por parte de las pymes, que representan más del 90 por ciento del tejido productivo español, sería un factor clave para acelerar la competitividad de la economía.
